LA BATALLA POR LA AMNISTIA (PARTE I)

COMUNICADOS EHK
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AMNISTIA, CAUSAS Y CONSECUENCIAS

En el desarrollo sociopolítico de las tensiones internas en las formaciones sociales y la de las relaciones internacionales, ha generado una densa estructura normativa e institucional para la gestión de los conflictos derivados de ellas, mediante las que evitar el enfrentamiento armado y la consiguiente escalada de vulneraciones de derechos humanos. Es, precisamente, en este contexto en el que progresa el derecho internacional humanitario hacia la regulación de los procesos de superación de conflictos. Desde la firma de la “I Convención de Ginebra” en 1864 (en Euskal Herria tenemos las convenciones de Lord Elliot de 1836) mediante la que se perseguía "humanizar" las guerras, hasta la creación de la Sociedad de Naciones en 1919 y la Organización de las Naciones Unidas en 1945, instituciones internacionales que tenían la finalidad de evitarlas, el derecho internacional humanitario a conocido un importante desarrollo. Sin embargo, debe de señalarse que en su elaboración e interpretación predomina la visión política liberal capitalista y, por consiguiente, se evita establecer una conjunción entre el respeto de los derechos políticos y los socioeconómicos propios de las sociedades en las que se intenta implementar.

Desde el punto de vista histórico y en contextos de cambio de régimen sociopolítico, independientemente del carácter democrático o autoritario de dicha transformación, los procesos de promulgación de medidas como las de armisticio, amnistía, indulto[1], etc., y aquellas otras destinadas a la rendición de cuentas, forman parte de un conjunto de instrumentos jurídicos y políticos encuadrados en el concepto de justicia transicional, siendo estas medidas el resultado final de la correlación de fuerzas configurada en el seno de una determinada formación social pero que, también, estará condicionada por la situación política y socioeconómica internacional. En consecuencia, y a pesar de que el derecho internacional humanitario ha desarrollado mecanismos de verificación y corrección para evitar que bajo ésta denominación se produzca la imposición de la "justicia del vencedor" sobre el vencido, la realidad es que los únicos mecanismos que funcionan para la consecución de un mínimo equilibrio en la articulación de acuerdo son, precisamente, los definidos por la relación de fuerzas políticas, sociales y otras cualquiera de persuasión.

La historia contemporánea del Estado español es ilustrativa de lo que venimos analizando. Si tomásemos como marco temporal de referencia el período iniciado con la finalización de la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930, observaremos que son varias las amnistías promulgadas durante el mismo. El régimen monárquico de Alfonso XIII promulgará en enero de 1930 una amnistía general con la pretensión de atemperar las posiciones de la oposición anti monárquica y volver a la situación política anterior a la del golpe militar de 1923 que el propio monarca apoyó. A pesar de ello la oposición republicana siguió organizándose y presionando para la instauración de un régimen republicano y liberal (Pacto de San Sebastián de 17 de agosto de 1930) que contará con la participación de algunos sectores del Ejército, quienes intentarán una asonada milita 12 de diciembre de 1930, protagonizado por los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. El primero de ellos amnistiado a principios de año por  su participación en otro intento militar, el 24 de junio de 1926 (de ahí su denominación de Sanjuanada) un intento promovido por un complejo conglomerado de actores sociopolíticos pero vertebrado fundamentalmente por la clase política monárquica que fue relegada del poder adquirido durante la época de la Restauración, así como aquellos sectores militares descontentos con la desastrosa dirección de la guerra colonial en Marruecos. Aunque el contexto histórico había operado algunos cambios sería vigente la correlación de fuerzas de 1926 y esta operaba en contra de las aspiraciones republicanas de los militares sublevados, por lo que ambos serán ejecutados tras el consejo de guerra del 14 de diciembre de 1930. Meses más tarde se convocaron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, cuyos resultados ofrecieron a las fuerzas republicanas la posibilidad de proceder a la declaración unilateral de la República el 14 de abril del mismo año.

Durante el período republicano se promulgarán otras dos amnistías. La primera se producirá en abril de 1934 y, aunque el decreto contiene un articulado más extenso, tendrá como objetivo principal la excarcelación de los máximos organizadores e impulsores del golpe militar de 1932 contra el régimen republicano, estos fueron, Sanjurjo, Mola, etc. Esta amnistía, responde a una coyuntura política e institucional en el que las fuerzas conservadoras obtuvieron una mayoría parlamentaria en las elecciones de 1933, que les posibilitó desarrollar una política contrarreformista iniciada por el anterior gobierno de corte más progresista, de ahí, que aquel período se ha conocido como la del "bienio negro". En este contexto, cabe destacarse, como una clara manifestación de la fortaleza de la derecha española más reaccionaria, la participación directa de la CEDA en el gobierno del Estado en octubre de 1934, una fuerza política, una gran coalición de la derecha, cuyos dirigentes conspiraron, desde el mismo instante de la proclamación de la II República, en contra del cambio del régimen monárquico y las reformas socioeconómicas impulsadas por el primer gobierno republicano. Las relaciones de la derecha española con el fascismo italiano y el nazismo alemán, no se limitó a la celebración de actos de confraternización, sino que desde el primer instante se tejieron acuerdos en torno a la financiación y la provisión de armas para una futura intervención militar. En consecuencia, la integración de la CEDA en el gobierno, será inmediatamente interpretado por las fuerzas de la izquierda revolucionaria como el inicio de una involución sociopolítica integral, y el cierre de toda posibilidad para la consecución de sus objetivos a través de las vías pacíficas e institucionales. La amnistía de abril de 1934 será, por lo tanto, la respuesta política del gobierno del Estado a una conflictividad social en aumento, y un contundente efecto de las alianzas existentes entre los sectores militares golpistas y sus impulsores. La revolución de octubre de 1934 y la brutal represión que se aplicará en contra de las personas y fuerzas sociopolíticas de izquierdas que participaron directa o indirectamente en ella, son claros síntomas de los antagonismos existentes y, su último resultado será, también, reflejo de la correlación de fuerzas existentes en esa determinada coyuntura.

La segunda ley de amnistía se publicará tras el triunfo electoral del Frente Popular, en febrero de 1936, ya que este objetivo se incluía en su programa político de actuación. Como consecuencia de esta ley se producirá la excarcelación de más de 30.000 presos políticos acusados de participar en los acontecimientos revolucionarios de octubre de 1934. La correlación de fuerzas internas en el Estado, la fortaleza del movimiento obrero y el contexto internacional caracterizado por la constitución de numerosos frentes populares ante el auge de los fascismos, como es el caso del Frente Popular en el Estado francés, serán los factores que condicionarán una coyuntura histórica favorable para la consecución de este objetivo.

Tras el golpe militar de julio de 1936, y una vez acabada la guerra, se publicarán la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 y el Decreto de 26 de abril de 1940, la conocida como "Causa General", mediante las que se actuará contra todas las personas que directa o indirectamente se opusieron al "Movimiento Nacional", o no mostraron suficientemente su adhesión al mismo. Como complemento necesario de todas estas medidas el 23 de septiembre de 1939 se promulgará una Ley de Amnistía por la que se definían como no delictivos "determinados hechos de actuación político-social cometidos desde el catorce de abril de mil novecientos treinta y uno hasta el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis"[2]. Estas leyes y decretos serán leyes de guerra, con un neto contenido represor y un fuerte sentido de venganza. El contexto internacional será favorable a la adopción de estas leyes de guerra, contexto caracterizado por la debilidad demostrada por las potencias "democráticas" europeas que firmaron, en agosto de 1936, junto a Alemania e Italia el "pacto de no intervención", pacto que no fue respetado por estos últimos, consecuencia de lo cual posibilitó la victoria militar franquista, así como el fortalecimiento del eje y la alianza entre la Alemania nazi y la Italia fascista creándose de esta manera las condiciones para la guerra total.

Por último, tras la muerte del Dictador, las élites políticas que tomaron parte en el proceso de reforma del régimen franquista, fueron promulgando, a partir de 1976, sucesivos indultos, hasta que en octubre de 1977 se procede a amnistiar a numerosos presos políticos antifascistas (aunque en el sentido más estricto del término éstos fueron indultados), así como a los militares, funcionarios y responsables sociopolíticos de los crímenes cometidos por los golpistas a partir del 18 de julio 1936, crímenes que siguieron cometiéndose como consecuencia de la brutal represión ejercida durante toda la dictadura. De esta manera lo que fue una indiscutible victoria del movimiento popular, se transformó en una parcial derrota estratégica, en la medida en que con ello, se permitió dar continuidad a las estructuras del Estado franquista y a sus bases socioeconómicas. Todo esto se produce en un contexto político y militar interno, protagonizado por la incertidumbre existente sobre la actitud de los sectores sociopolíticos franquistas que interpretaban como una amenaza para sus intereses de conjunto la creciente fortaleza de los opositores, la resistencia política y sindical que pugnaban con estos poderes fácticos en las fábricas, a través de las asociaciones de vecinos, el movimiento estudiantil, la lucha política reivindicativa e, incluso, el resistencia armada. La exigencia social por liberar a los presos fue una reivindicación común a todos ellos, hoy diríamos que era una exigencia transversal a todos los movimientos sociales de base. En cambio para las élites políticas de los partidos reformistas, ausentes en su mayoría en la lucha antifranquista, optaron por hacer la reforma "por arriba", dando la espalda a toda esta realidad e instrumentalizando la exigencia popular de la amnistía con fines partidistas, ante la posibilidad de que se produjera una convocatoria electoral en junio de 1977. Éste fue el contexto sociopolítico en el que se desarrollaron las conversaciones de Txiberta, en las que los representantes de la burguesía regionalista, optaron por anteponer sus intereses por evitar la presencia de la izquierda abertzale en los comicios, tratando de debilitar la capacidad política operativa de su enemigo de clase[3]. Un enemigo que se presentaba ante ellos con un nivel organizativo muy superior, con una enorme capacidad de convocatoria social y un importante poder para forzar a la burguesía a la firma de convenios favorables para los intereses de la clase trabajadora. Esta situación contrasta con la desfavorable situación internacional, en el que el capital trasnacional seguía imponiendo sus intereses manteniendo al Estado español en los mismos parámetros geopolíticos, mediante su integración en el Mercado Común europeo y la OTAN. Esto exigía establecer las bases de un régimen político y un sistema económico estable, mediante la desarticulación de los movimientos sociales rupturistas con el modelo económico instaurado por el franquismo, evitar por todos los medios la exigencia de responsabilidades políticas, sociales y económicas a los cómplices del franquismo (justicia transicional) y, a su vez, establecer vías necesarias para que las élites políticas de los partidos reformistas pudieran integrarse en el futuro régimen de prebendas, consustancial al corrupto modelo político liberal-burgués. Los acuerdos políticos y económicos que firmarán las élites de estos partidos, que modificarán sus bases ideológicas, programáticas y organizativas para poder medrar en los laberintos subterráneos de la "reforma", serán la respuesta frontal y contundente por cambiar esta correlación de fuerzas que les era desfavorable. En este sentido, la ley de amnistía, los Pactos de la Moncloa y la constitución española, son algunas de las leyes y pactos más representativos del conjunto de medidas que tendrán su continuidad en los años 80 del pasado siglo, en los casos de tortura, asesinatos a manos de los grupos parapoliciales (BVE, ATE, GAL, etc.), la dispersión, imposición de regímenes penitenciarios que vulneran los derechos humanos, despidos masivos de trabajadores, anulación y conculcación de derechos sociolaborales, etc.

Como se ha querido demostrar a lo largo de esta exposición, la amnistía es un instrumento político cuya defensa o negación, adquiere su sentido neto en el marco de la confrontación entre clases antagónicas. Cuando las contradicciones son imposibles de superar, y en coyunturas especialmente conflictivas, las medidas de indulto y/o de amnistía serán interpretadas como un peligro o, por contra, como la consolidación de los intereses que representan el grupo socio-político beneficiado por las mismas. En consecuencia, la inclusión o la exclusión de estos objetivos en los programas de actuación políticas de los sectores sociopolíticos confrontados, responden al particular análisis de coyuntura política que realizan cada uno de ellos.

Nuestro deber, como fuerza constitutiva de la izquierda abertzale, es desarrollar un análisis de coyuntura, posicionado en el ámbito nacional e internacional, que necesariamente debe de incluir un estudio dialéctico sobre el cuadro de hegemonías vigente, un examen preciso y completo sobre el estado de la correlación de fuerzas existente[4] y nuestra capacidad de transformarla, en el medio plazo, mediante la voluntad de lucha de nuestros militantes, y la construcción de los instrumentos organizativos y los recursos materiales necesarios para la consecución de nuestros objetivos estratégicos.

  

HEGEMONÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO

La reivindicación de la amnistía ha sido, durante toda la etapa de la “transición”, uno de los ejes fundamentales de las exigencias políticas que han concitado el mayor de los consensos sociales de nuestra reciente historia. Esta reivindicación formaba parte de todos los programas políticos de las fuerzas "opositoras" y se encontraba vinculado a la consecución de otros objetivos políticos generales, como los de "libertad", y otros de carácter más concreto como los referidos a la aprobación de estatutos de autonomía. Cabe referirse también a las relaciones que se establecieron con aquellas reivindicaciones de carácter social, como las referidas a la mejora de las condiciones sociolaborales, etc. La alternativa KAS es uno de los paradigmas más elaborados de esta integración de la reivindicación de la amnistía en un todo complejo, en el que la "parte" quedaba vinculado a un "todo" y viceversa.

Puede afirmarse, en consecuencia, que la "amnistía" era un concepto o una idea hegemónica, con un gran potencial ideológico, capaz de generar una importante movilización social. En el contexto sociopolítico de Euskal Herria, estas movilizaciones sociales avanzaron en la línea de crear las condiciones óptimas para la construcción de un bloque histórico vertebrado por aquellos sectores sociopolíticos que se mostraban como los verdaderos opositores activos al régimen, en la medida en que eran los militantes pertenecientes a la izquierda abertzale quienes mayoritariamente se encontraban en prisión.

La actualización del la Alternativa KAS dado a conocer en 1995, a través del manifiesto titulado "Alternativa Democrática, para la solución del conflicto político entre Hego Euskal Herria y el Estado español", recogía la reivindicación de la amnistía en estos términos:

"Planteamiento preciso: lo que hay que pactar con el Estado español". (…) - La condición mínima para encaminar ese proceso democrático es que tod@s l@as ciudadan@s vasc@s podrán tomar parte sin ningún tipo de presión. Por tanto, una Amnistía General sin condiciones es imprescindible para ese proceso democrático, la excarcelación de tod@s los pres@s (tod@s l@s que están en cárceles españolas, francesas, o de otros países) y posibilitando el regreso de tod@s los exiliad@s. También es imprescindible tomar medidas para que las Fuerzas Armadas españolas no influyan en este proceso." (HB, Alternativa Democrática ..., 1995, p. 9)

Este giro en el discurso de la Izquierda Abertzale en torno a la cuestión de los presos y exiliados, se inserta a su vez en un giro de estrategia política del conjunto del MLNV, y forma parte indisoluble de ella. En este momento, nos limitaremos a mencionar 5 hitos que muestran la dirección que se quería imprimir al desarrollo político de nuestro país, nos referimos, en primer lugar, al fracaso de las negociaciones de Oslo-Suiza y Loiola en 2007, la aprobación del documento "Zutik Euskal Herria" en noviembre de 2009, la firma del "Acuerdo de Gernika" en septiembre de 2010, el anuncio de ETA sobre el cese definitivo de su actividad armada en 11 de octubre de 2011 y la asunción por parte del EPPK de las prioridades definidas en el giro estratégico que estamos analizando.

En la propuesta de acuerdo redactada por la organización armada, presentada al Estado en mayo de 2007, no se menciona la palabra amnistía. En el documento "Zutik Euskal Herria", el concepto de amnistía es mencionado por tres veces, aunque el discurso en torno a la defensa de los derechos humanos y la necesidad de acumular fuerzas en torno a ella, adquiere un espacio discursivo que es preciso destacar.

"(...)

- El tema del colectivo de presos/as y refugiados/as es un tema estrechamente relacionado con el proceso de superación del conflicto. La amnistía (entendida como en la alternativa KAS de manera táctica como la liberación de las personas presas) sería la señal más clara de haber superado el conflicto.

- Es un tema de defensa de los derechos humanos más que nunca. El aislamiento, la dispersión, la cadena perpetua, la no excarcelación de los/las presos/as enfermos/as, los malos tratos, los accidentes de familiares... Hay innumerables injusticias para denunciar y cambiar. Viendo que los estados llevan a cabo una política carcelaria cada vez más inhumana, esta lucha debe ser una de las principales en la actual situación política.

Todos estos temas deben estar presentes en el intento de poner este proceso democrático en marcha. Detener la conculcación de derechos humanos (desactivación de leyes especiales, liberación de los/las presos/as que deberían estar en la calle y repatriación a Euskal Herria de todos/as ellos/as) es una de las formas de distensión para poner en marcha el proceso.

Es necesario activar las fuerzas en base a la escala de la apuesta política que vamos a realizar para responder al tema de las personas presas y huidas. Es necesario crear un frente amplio de voluntades a favor de la liberación de los/las presos/as políticos/as en la fase que queremos desarrollar.

En este sentido, la muralla popular además de tener la función de responder al estado de excepción también debe responder a la situación de los/las presos/as y refugiados/as, organizando el frente popular por la amnistía y las libertades democráticas." (Zutik Euskal Herria", octubre de 2009, pp. 60).

Como paso importante en el proceso de acumulación de fuerzas sociopolíticas en torno a la resolución del conflicto, el 25 de septiembre de 2010 se produce la firma del "Acuerdo de Gernika", en el que se establecen la consecución una serie de objetivos de carácter humanitario, como paso previo al logro de la amnistía.

"(...)

- El cese de la política penitenciaria que se sigue contra los presos y presas políticas vascas, planteada hasta ahora como parte de estrategias de confrontación, y la adopción de las siguientes medidas como primer paso del camino hacia la amnistía, que conduzca a la ausencia total de presos/as y exiliados/as a consecuencia del conflicto político:

  • Traslado de los presos/as a Euskal Herria finalizando la práctica de la dispersión.
  • Liberación de presos/as con graves enfermedades.
  • Concesión de libertades provisionales a todos los presos y presas preventivos pendientes de juicio en prisión.
  • Concesión de libertades condicionales a todos los presos penados que hayan cumplido los requisitos legales.
  • Aplicación sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos.
  • Derogación de la legislación que impone cuarenta años de condena.

El paradigma más acabado de lo que llevamos dicho, es el documento recientemente elaborado por EHBildu que ha sido dado a conocer el 26 de abril de 2015 con el título de "La vía vasca para la paz".

Este breve análisis de los principales documentos sobre la evolución del discurso y la creación de una nueva hegemonía, demuestra que la izquierda abertzale ha compatibilizado durante todos estos años, la reivindicación de la amnistía con la exigencia de respeto en materia de derechos humanos y la aplicación de medidas humanitarias, dirigidas, a aquellos presos y presas que sufren un deterioro grave de su salud, a causa de las condiciones carcelarias impuestas por el Estado, así como la anulación de la legalidad de excepción que mantiene en la cárcel, por su disidencia y resistencia política, a nuestros compañeros y compañeras de lucha.

 

CORRELACIÓN DE FUERZAS

La necesidad de hacer variar la correlación de fuerzas, como estrategia política de conjunto que afecta, también, a la exigencia de cambios en la política carcelaria del Estado, la aplicación de medidas humanitarias a los presos y la anulación de la legalidad de excepción (legalidad vengativa), ha condicionado que, a partir de la primera década del 2000, se haya venido produciendo un paulatino "deslizamiento" de los contenidos políticos ligados a la reivindicación de la amnistía, hacia un discurso fundamentado exclusivamente en la defensa de los derechos humanos de los presos y de sus familiares. La base de esta estrategia ha tenido como objetivo crear una nueva hegemonía, mediante la construcción de un nuevo discurso, convirtiendo la reivindicación de la defensa de los derechos humanos en el eje-concepto transversal y hegemónico, con el fin de que éste pudiese ocupar el mismo espacio en que lo hacía aquella reivindicación en los años 80. En esta estrategia de conjunto, la implementación de un modelo de mediación internacional para la resolución de conflictos, ha exigido, también, adaptar las reivindicaciones vinculadas a las vías de solución (incluida la referida a los presos), a las metodologías y los marcos definidos por la legalidad internacional. Un contexto sociopolítico general internacional, bajo cuyas condiciones se han venido gestionando otros procesos, como el de Irlanda del Norte, en el que la amnistía como instrumento político de solución no ha estado presente.

Definido el espacio de confluencia y participación entre los distintos sectores sociopolíticos de la formación social vasca, se han ido explorando diversos instrumentos de trabajo como la firma del manifiesto de Aiete de 17 de diciembre de 2011, entre distintas fuerzas políticas, sindicales y sociales; la conformación de EHBildu en cuyo seno conviven partidos y sectores sociopolíticos de diversa índole que interactuarán en la cultura política respectiva; la declaración del Kursaal del 26 de febrero de 2012; la continuidad del modelo de encuentros "restaurativos", iniciadas en Gleencree (2007); la participación de grupos y personas de origen político distinto en actos de recuerdo de militantes y personas con un muy bien definido perfil histórico y sociopolítico; la celebración de la Conferencia Humanitaria por la Paz en el País Vasco, el 11 de junio de 2015, etc.

En toda esta arquitectura puede evidenciarse la influencia del pensamiento y metodologías de trabajo sobre resolución de conflictos, propios de la escuela pragmática norteamericana, anclada en la visión liberal en el tratamiento de las consecuencias de los conflictos sobre el individuo, mediante métodos y terapias psico-sociales, que un importante sector de la izquierda abertzale ha hecho suyos. Desde esta perspectiva, la base estructural sociopolítica de los conflictos queda anulada o, en el mejor de los casos, relegada a un segundo plano.

La construcción de una nueva hegemonía y una correlación de fuerzas para hacer viables los objetivos definidos, se ha ido tejiendo sobre un equilibrio de intereses sociopolíticos que ha hecho posible la incorporación de nuevos sectores a las dinámicas de defensa de los derechos humanos propios de los presos y sus familiares.

Desde el punto de vista organizativo cabe destacar la creación de "Sarea" es la materialización más acabada del objetivo definido por la izquierda abertzale sobre la acumulación de fuerzas en torno a los derechos de los presos que, sin embargo, no ha estado exento de tensos debates en el seno de aquellos sectores que llevaban años luchando en la defensa de la amnistía y los derechos de los militantes vascos.

 

UNA RELACIÓN DIALÉCTICA

El peligro de la desaparición o la difuminación del carácter político de los presos, por cuyo motivo el EPPK ha protagonizado numerosas iniciativas de lucha, ha generado fuertes tensiones internas en el seno de la izquierda abertzale, una de cuyas manifestaciones más recientes se concreta en la "Carta a favor de la amnistía" (11 de mayo de 2015) firmada por un nutrido grupo de reconocidos "militantes polític@s que hemos sufrido la cárcel y/o el exilio". De la lectura de este documento se deduce que una de las preocupaciones centrales de este colectivo es el peligro de la difuminación del carácter e identidad política de la lucha protagonizada por los militantes revolucionarios que se deriva de los discursos y la práctica política implementada por la izquierda abertzale en estos, al menos, 3 últimos años. Es indudable que en esta preocupación subyace, a su vez, la discrepancia con los condicionantes que tratan de imponerse a la izquierda abertzale, también por una parte de los que concurren al nuevo espacio de acumulación de fuerzas, referidos a la cuestión de la autocrítica y la elaboración de un "relato" sobre nuestra reciente historia, en el que se cuestionan los objetivos sociales y políticos que han sido el motor de la confrontación protagonizada por el MLNV, a través de la idea de la inadaptación y error histórico de sus militantes. Este análisis histórico sería una derivada más de la visión reaccionaria liberal de la escuela pragmática antes aludida. Una visión que responde a una ideología en la que los conflictos sociales son fruto de las relaciones individuales y no son consecuencia de antagonismos de clase.

Sin embargo, la oportunidad que ofrecen posicionamientos como los expresados por los firmantes de este manifiesto, no está siendo debidamente aprovechada, por aquellos que en la actualidad ostentan la dirección del sector mayoritario de la IA, para acumular fuerzas a nivel interno, mediante la profundización en el debate y la clarificación de los ejes de una estrategia en la que podamos reconocernos todos los sectores y opiniones que conformamos la izquierda abertzale. La "carta a favor de la amnistía" ha sido interpretada por la mencionada dirección, como un cuestionamiento de la línea de trabajo diseñada en materia de derechos humanos de los presos y sus familiares y, en consecuencia, como la utilización instrumental de la reivindicación de la amnistía para refutar toda la estrategia política en su conjunto.

 

CONCLUSIONES

(1) La represión ejercida por el Estado, y auspiciada por los partidos de la reforma, en contra del MLNV, ha generado presos, exiliados, torturados y desaparecidos, etc. Es evidente que los riesgos y las consecuencias de la disidencia política han sido enteramente asumidos por los militantes revolucionarios; sin embargo, todo ello es una parte indiscutible de la vulneración de derechos colectivos e individuales que continúa sufriendo nuestro pueblo. En consecuencia, ambas realidades, la lucha por la liberación nacional y social de Euskal Herria y la denuncia de las vulneraciones de derechos humanos que se cometen desde el Estado burgués son inseparables.

(2) La reivindicación de la amnistía como objetivo político tiene una trayectoria histórica de largo recorrido en Euskal Herria. La amnistía, como parte de un conjunto de reivindicaciones políticas, conoce su elaboración más acabada en la alternativa KAS, en cuyos desarrollos posteriores se irán reflejando la evolución histórica de la lucha de clases, la cambiante coyuntura sociopolítica de Euskal Herria en su proceso de liberación nacional y la situación interna de desgaste del colectivo de represaliados, convertidos en rehenes del Estado, bajo las duras condiciones carcelarias y de persecución ejercida, también, desde la "justicia penal vengativa". En consecuencia, no ha habido incompatibilidad alguna en la estrategia política de la izquierda abertzale en exigir la amnistía y, paralelamente, buscar vías de solución urgente a la vulneración de derechos humanos. Estas exigencias han estado condicionadas por la operatividad de los frentes de lucha, la correlación de fuerzas y el contexto internacional, definidos en cada coyuntura política y que han sido la base, en cada momento, de las condiciones reales de su viabilidad.

(3) La aprobación de la ponencia política "Euskal Herria Zutik" en 2009 y la declaración de cese definitivo de la actividad armada de 2011, representan dos momentos de un giro estratégico del MLNV. Las nuevas condiciones que se generan con la reestructuración de los instrumentos de lucha utilizadas hasta el presente, ha hecho necesario establecer espacios de confluencia y acumulación de fuerzas con el fin de construir nuevas hegemonías que sirvan de palanca para su gestión operativa en el espacio social e institucional. Los riesgos implícitos de esta estrategia, agudizados por las propias debilidades internas que pudieran existir en el seno de la izquierda abertzale en el momento de abordarla, son cuestiones que deberían de haberse previsto y gestionado desde la perspectiva de la consolidación de nuestro propio proceso de acumulación de fuerzas interna y, siempre, a través de la democracia participativa que hagan posible que las opiniones y discrepancias fluyan por unos cauces de expresión que los burkides que han firmado la "carta a favor de la amnistía" debían de haberlos considerados como propios, unos burkides que destacan, precisamente, por su conciencia militante y disciplina organizativa. En consecuencia, las tensiones internas en torno a esta cuestión y sus vinculaciones políticas deberían de interpretarse como parte consustancial al desarrollo interno del debate en la izquierda abertzale. El hecho de que una parte de la izquierda abertzale haya valorado estas expresiones como una amenaza externa, es un ejemplo palmario del cuadro de debilidades internas que debemos de solucionar. Un error de análisis político que debe de corregirse de manera urgente. Intentar abordar procesos de gran calado político sin la necesaria cohesión interna sólo beneficiará, en el medio y largo plazo, a nuestros enemigos de clase, en el mismo grado en que lo hará si no somos capaces de asumir nuestras propias contradicciones, gestionarlos desde la dialéctica e integrarlos en la dinámica política interna de nuestro movimiento de liberación nacional y social.

(4) La amnistía como instrumento de avance en el establecimiento de nuevas condiciones para el desarrollo democrático en Euskal Herria, es un debate que es negado desde su base por los partidos que configuran el actual sistema democrático burgués, en la medida en que la política represiva y penitenciaria, dirigida contra la militancia revolucionaria de izquierdas, son instrumentos que necesitan mantener en activo, con el fin de desgastar y eliminar del imaginario colectivo el carácter político de esta militancia. De ahí que los partidos que sustentan el estatus quo actual necesitan, primeramente, vaciar de los contenidos sociopolíticos a la lucha desarrollada por aquellos, a través de la imposición de "suelos éticos", la exigencia para que procedamos a realizar una severa crítica a nuestro pasado político, a la vez que se nos impone una historia oficial, una memoria colectiva construida por decreto, en la que la militancia revolucionaria sea calificada con categorías históricas que nos sitúen entre los enemigos de la paz, la libertad, la democracia, etc. El "Memorial de Victimas del Terrorismo" y el institutos de la memoria del Gobierno Vascongado[5] y los informes encargados por el gobierno vasco a grupos de presión ideológicos fuertemente posicionados en contra del proceso de liberación nacional y social de Euskal Herria, responde a toda esta estrategia. Sólo así, sólo en las condiciones antes citadas se producirá la implicación de los partidos de la reforma y las instituciones que son gestionados por ellos, esto es, con la garantía de que los cambios en la mejora de las condiciones penitenciarias y el acercamiento de los presos no conlleve, de ninguna de las maneras, una reafirmación de la identidad política de su lucha. Esto haría posible, a su vez, que el PNV, en primera instancia, pudiera registrar en su "cuenta de resultados" electoral, la defensa y consecución de los derechos humanos de los presos, para lo que, también, cuenta con la cobertura de su participación en Sarea. Éste es, en definitiva, el último sentido de la declaración realizada por Urkullu en el Parlamento Vascongado, el día 26 de junio de 2015, anunciando la presentación de un plan de acercamiento de presos y de reinserción para el año 2016 (no es casualidad que la fecha coincida con la próxima campaña electoral al parlamento vascongado), con la clara intención de "arrebatar" el logro de esta reivindicación a la izquierda abertzale. Anulan la condición política de los prisioneros vascos y, a renglón seguido, se erigen en los abanderados de la idea hegemónica sobre la defensa de sus derechos.

En consecuencia, y en lo que a la izquierda abertzale se refiere, cualquier avance que se produzca en este terreno, deberíamos de interpretarlo como un importante avance en la defensa de los derechos humanos, una vía para superar las inhumanas condiciones impuestas por los estados español y francés, y, también, como una gran oportunidad para el desarrollo de nuestros objetivos sociopolíticos de conjunto, lo que exigirá redoblar esfuerzos en el campo del posicionamiento y la lucha ideológica en torno a cuestiones como la del concepto de amnistía, la identidad y el carácter político de la lucha desarrollada por la militancia revolucionaria, nuestra historia como nación negada y oprimida y la lucha del pueblo trabajador vasco por liberarse de la explotación ejercida por la burguesía.

[1] El indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito.

[2] BOLETÍN DEL ESTADO Número 273, Jefatura del Estado, LEY DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1939 considerando no delictivos determinados hechos de actuación político-social cometidos desde el catorce de abril de mil novecientos treinta y uno hasta el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis. Artículo primero.-Se entenderán no delictivos los hechos que hubieren sido objeto de procedimiento criminal por haberse calificado como constitutivos de cualesquiera de delitos contra la constitución, contra el orden público, infracción de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión, ejecutados, desde el catorce de abril de mil novecientos treinta y uno hasta el dieciocho de julio de mil·novecientos treinta y seis, por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional y siempre de aquellos hechos que·por su motivación político-social pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y gobierno que con su conducta justificaron el Alzamiento."

[3] La necesidad de la burguesía regionalista vasca por desligar el plano de la reivindicación político-social de la reivindicación de la amnistía con el fin de romper esta unidad, será una de las razones por las que el PNV se niegue a seguir en las conversaciones de Txiberta. De esta manera se tratará de eliminar reivindicación de la "amnistía" de la agenda política y desposeerla de todo su potencial político movilizador. Todo ello tuvo sus consecuencias en seno de las "Gestoras pro amnistía" con la aparición de fuertes tensiones que provocarán la ruptura del consenso social y una importante crisis de su potencial hegemónico del sector sociopolítico que continuó luchando por la ruptura con el régimen y el establecimiento de nuevas bases para la construcción nacional y social de Euskal Herria.

[4] En este punto debe de incluirse el análisis del posicionamiento del colectivo de presos políticos y sus familiares, en el que deberán contemplarse la dimensión y efecto de desgaste humano que el Estado y los partidos de la burguesía vasca, les siguen inflingiendo, como medio de neutralización de nuestro proceso de liberación nacional y social.

[5] El "Memorial de Victimas del Terrorismo" trata de ubicarse en Gasteiz. Rajoy y Urkullu acudieron a la presentación oficial el 24 de marzo de 2015. El Instituto de la memoria promovida por el Gobierno español fue inaugurado el Gobierno Vasconagdo ha iniciado su andadura en uno de julio de 2015.